El gobierno capitalino entregó una de sus facultades gubernamentales a una empresa privada que deja una estela de opacidad en todos los estados en que opera. La Ciudad de México no es la excepción.

En una turbia y oscura concesión el jefe de gobierno facilitó un negocio millonario hasta el año 2017 a una empresa de la que poco se sabe. La reacción social generó que por el momento se apliquen descuentos de un 80 por ciento en el monto de las fotomultas, pero esta medida solo es un paliativo momentáneo en espera de que descienda la efervescencia ciudadana.

El verdadero objetivo es entregar un negocio millonario. Estamos ante la más sombría transacción de que se tenga memoria. 

Este es un repaso de la escabrosa entrega que se hizo de espaldas a los capitalinos.

Autotraffic: entre la opacidad y el gran negocio

José Daniel Hernández López

Nuevamente la empresa Autotraffic, fundada en Puebla en el año 2003 por los empresarios Jaime Enrique Ferrer y Alfonso Miguel Vélez,  se ha colocado en el centro de la polémica por la opacidad de los procesos con que se adjudican los contratos para la concesión de las fotomultas en distintos estados de la República Mexicana.

Esta vez, queda exhibida la poca claridad en la adjudicación para la operación de la fotomulta en la Ciudad de México, además de la opacidad en los detalles del contrato, entre los que figura el porcentaje del 46 por ciento que la empresa obtendrá por cada sanción impuesta a los automovilistas que rebasen los límites de velocidad.

A esto se suma la polémica existente en entidades como Aguascalientes, Hidalgo y Puebla, en donde de igual forma los contratos y los detalles de los mismos se guardan en absoluta secrecía.

En el año 2015, el gobierno del entonces Distrito Federal, encabezado por Miguel Ángel Mancera, dio a conocer la puesta en marcha del programa de fotomultas en la capital del país, para la cual signó un convenio con la empresa poblana Autotraffic por la cantidad de 173 millones 856 mil 310 pesos, por un periodo comprendido de julio del mismo año a diciembre del 2017.

La puesta en marcha del programa, así como la adjudicación directa a la empresa poblana, provocaron la indignación y la molestia de las fracciones opositoras en el poder legislativo, así como de actores políticos de otros partidos, quienes acusaron la total opacidad, las condiciones leoninas y un saqueo indiscriminado a las arcas capitalinas.

De acuerdo con el portal informativo La Silla Rota, el contrato SSP/BE/S/312/2015 firmado entre el gobierno capitalino y la empresa poblana, especifica que el servicio contratado es la “Subrogación del Servicio para imponer fotomultas a través de un sistema integral” de los cuales se obtendrá una cantidad mensual de 150 mil infracciones, es decir, un promedio de 5 mil multas diarias, situación que fue negada por el propio jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera en una entrevista con Carmen Aristegui para CNN el pasado 4 de enero, en donde inclusive calificó como un mito el que hubiera una cuota mínima de infracciones.

Además el documento también establece que el porcentaje fijo de cobro por multas para el periodo 2015-2017 será del 46 por ciento para la empresa Autotraffic, dato que fue confirmado por el propio Mancera en la entrevista para Carmen Aristegui.

La danza de las cifras.

De acuerdo con la información oficial, y haciendo cuentas, Autotraffic recibirá, durante la vigencia del contrato, el 46 por ciento del importe de las multas levantadas y si éstas ascienden, como versa en el documento, a la cantidad aproximada de 150 mil infracciones mensuales, entonces la empresa poblana se llevará a la bolsa la nada despreciable cantidad de 138 millones de pesos mensuales, esto considerando que el costo promedio de la multa, de acuerdo con el nuevo reglamento capitalino, es de 2 mil pesos; por lo que en un año la ganancia neta para la firma será de mil 656 millones de pesos, aproximadamente.

Por lo anterior, en el periodo de vigencia del contrato que es de 2 años, de entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, se obtendrán 3 mil 300 millones de pesos de ganancia para la empresa. Esto, sin olvidar los más de 173 millones de pesos obtenidos por la contratación de sus servicios y sin considerar el dinero ya recaudado durante diciembre del 2015.

Por el contrario, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que se quedaría con  el 54 por ciento de ganancia por cada multa levantada, obtendría en el mismo periodo de tiempo la cantidad aproximada de 3 mil 800 millones de pesos.

Las reacciones políticas.

La diputada local de Morena, Aleida Alavez Ruiz exigió transparencia en el proceso de aplicación de las fotomultas y claridad en el propio reglamento de tránsito, toda vez que los propios automovilistas se quejan de no contar con la información exacta de la infracción recibida.

“Nos parece inconcebible que la empresa se quede con el 46 por ciento de lo recaudado por las fotomultas” aseveró la legisladora de MORENA, reclamo al que se sumó el legislador panista Andrés Atayde Rubiolo, quien en entrevista, pidió explicar el proyecto pues afirmó que “el mismo secretario y subsecretario, en declaraciones realizadas a los medios, no dieron nunca el nombre de la empresa, decían que seguían ultimando detalles para la firma y ubicación de las cámaras; empezó a aplicarse este sistema sin haberse transparentado el proceso”.

Por su parte, el partido Movimiento Ciudadano, en voz de Estela Damiàn solicitó de manera formal al gobierno del Distrito Federal echar abajo el contrato con Autotraffic, además de abrir una investigación y fincar responsabilidades en contra de los funcionarios firmantes del contrato, al que tacharon de ilegal.

Señaló que los equipos utilizados para la fotomulta operan en condiciones irregulares, pues no fueron ni calibrados ni certificados, además de que se han incrementado las denuncias en torno a la aplicación de multas a automovilistas por infracciones que no cometieron.

AMLO  y Autotraffic.

Uno de los principales críticos a esta medida gubernamental es el ex jefe de gobierno del DF y actual dirigente de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, quien no solo exige que se transparenten los términos del contrato, sino que además se finquen responsabilidades en contra de funcionarios capitalinos por corrupción y conflicto de intereses.

El político tabasqueño ha anunciado a través de diversos foros que no descansará hasta echar abajo el contrato.

En respuesta, varios de sus detractores lo han acusado de oportunista y le recordaron que durante su paso como jefe de gobierno capitalino, en el año 2005 autorizó la compra de 12 radares de velocidad a la propia empresa, por un monto de 10.3 millones de pesos.

De acuerdo con una publicación del diario Reforma, dicho contrato entró en vigor el 24 de junio del 2005 sin que mediara un proceso de licitación ni el registro de otros proveedores, es decir, se trató de una adjudicación directa.

En su defensa, a través de las redes sociales, AMLO publicó una extensa en carta en donde dio a conocer sus razones para oponerse al programa de fotomultas y aseveró que, en su momento, la compra de ese equipo de radares estuvo dentro del ámbito de lo legal.

“Un mes antes de que concluyera mi gestión, la Secretaría de Seguridad Pública contrató a esa misma empresa. No puede, de ninguna manera, equipararse la adquisición de 12 sistemas móviles de control de velocidad’ con el contrato actual de instalar cámaras al por mayor, y otorgar un porcentaje por multa a ésa o a la empresa de que se trate”, escribió en su cuenta de facebook el político tabasqueño.

Al hacer eco de la defensa de Andrés Manuel, el dirigente nacional de MORENA, Martí Batres, defendió la compra de los 12 radares de velocidad en el año 2005 y pidió no comparar ambos casos.

“Una cosa es comprar tecnología para que, como gobierno, mejores tu trabajo, y la otra cuestión muy diferente es encargarle a una empresa privada que se encargue de la función pública. Son cosas completamente distintas, contratos diferentes. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador compró aparatos para mejorar el trabajo, lo que hace el Gobierno de Mancera es encargarle a una empresa que ella decida quién cometió la infracción y además, le permite quedarse -de acuerdo al contrato original- con casi la mitad de lo recaudado, es algo muy diferente”, sostuvo Batres.

De igual forma, Batres advirtió que su partido buscará echar abajo el nuevo reglamento de tránsito que entró en vigor en diciembre pasado en la capital del país y aseveró que buscarán quitar la concesión a la empresa Autotraffic por el cobro directo de las fotomultas.

Aseveró que la prioridad es que los automovilistas tengan la certeza de que la contratación de los radares y la puesta en marcha del programa de fotomultas se realizó de manera transparente y legal, además de evitar que se cometan atropellos, toda vez que estas sanciones no las aplican las autoridades, sino una empresa privada que se queda con importantes ganancias, en detrimento de las arcas capitalinas.

El 27 de enero de 2016, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un punto de acuerdo en el que solicita a la Auditoría Superior y a la Contraloría General local revisar el contrato y, en caso de detectar irregularidades, deberán solicitar a las instancias involucradas la revocación del mismo contrato.

Autotraffic e Inteltráfico: dos contratos, un mismo servicio.

El 23 de enero del presente año, el portal de noticias Revolución 3.0 publicó un reportaje en donde da cuenta de la existencia de otro contrato, este signado entre la Secretaría de Seguridad Pública del DF y la empresa Inteltráfico S.A de C.V; con características similares al contrato vigente con Autoraffic para la subrogación multianual del servicio para imponer multas por medio de cinemómetros a los automovilistas que excedan el límite permitido de velocidad.

De acuerdo con la investigación periodística, los legisladores federales de MORENA Rocío Nahle García y Jesús Emiliano Álvarez López exigieron a Miguel Ángel Mancera que transparente la existencia del otro contrato, éste firmado entre la SSPDF y la empresa Inteltráfico, por un monto superior a los 300 millones de pesos y que establece un porcentaje de ganancia para la empresa de un 44.8 por ciento.

Llama la atención que, de acuerdo con el portal Revolución 3.0, el proceso de adjudicación del contrato a Inteltráfco S.A de C.V, se dio en medio de una serie de irregularidades, pues en primera instancia, el 17 de julio de 2015 se le otorgó el  contrato multianual administrativo número SSP/BE/S/261/2015, el cual tendría una vigencia del 17 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2017 y que el GDF pagaría más de 359 millones de pesos por el servicio.

Sin embargo, en los primeros días de septiembre del año pasado, la Contraloría General del Distrito Federal ordenó a la SSPDF reponer el procedimiento y anular el contrato con Inteltráfico, luego de que una de las empresas participantes en la primera licitación, que había sido descalificada, interpusiera una inconformidad.

Para el segundo proceso de licitación, la empresa Inteltráfico volvió a presentar su propuesta, y tras la descalificación de la otra empresa participante, volvió a quedarse con el contrato, con el mismo monto de 300 millones de pesos y un porcentaje de ganancia por multa del 44.8 por ciento.

Los legisladores morenistas instaron al gobierno federal a hacer público ese otro contrato y a cancelarlo, toda vez que no puede haber dos empresas realizando el mismo servicio, con montos de contratación y ganancia distintos uno del otro, con criterios de sanción totalmente diferente, lo que pone en verdadero estado de indefensión a los automovilistas, quienes inclusive podrían recibir sanciones al parejo.

La huella de Autotraffic en otros estados del país.

En 2013, los legisladores panistas en el Congreso del estado de Aguascalientes cuestionaron la legalidad de las fotomultas por no estar sustentadas en los reglamentos municipales y además pusieron en duda la transparencia en la contratación del servicio a la empresa poblana Autotraffic.

Medios locales expusieron los argumentos del líder de la bancada panista hidrocálida, Alfredo Reyes, quien aseveró que se desconocía el método de contratación de la firma, pues no se transparentó el proceso de adjudicación además de que no estaba del todo claro el porcentaje de ganancia de la empresa por cada multa aplicada.

En ese entonces, los legisladores anunciaron una serie de asesorías gratuitas para todos los automovilistas multados, para que promovieran juicios de nulidad de la infracción, sin que eso significara un permiso para violar el reglamento.

Omar Fayad: un lacayo al servicio de la fotomulta.

En Pachuca, Hidalgo, en el año 2007 el entonces alcalde priista Omar Fayad anunció la puesta en marcha del programa Radar, que no era otra cosa más que la instalación de cinemómetros para la detección e infracción de automovilistas que rebasaran los límites de velocidad.

Legisladores del PRD denunciaron que el ayuntamiento extralimitó sus funciones al conceder atribuciones a la empresa Autotraffic para realizar tareas que son exclusivas de los elementos de la policía vial municipal, lo que, según ellos, violaba los derechos constitucionales.

Además, de nueva cuenta, cuestionaron el proceso de contratación toda vez que no mediaba una licitación o la adjudicación directa.

“Es extraño que la seguridad pública en Pachuca se esté privatizando, pues no es posible que una empresa particular pueda prevenir, controlar y sancionar las faltas viales” consideró la regidora Marynm Salim Solares, mientras que particulares se quejaron por la forma de operar de los cinemómetros.

Para el año 2013, el municipio hidalguense se convirtió en el primero en todo el país en implementar fotomultas de manera conjunta en semáforos y detectores de velocidad, mediante la firma de un contrato de 3 años, en los que Autotraffic logró que el 85 por ciento de los ingresos fueran para su beneficio, esto de acuerdo con una investigación realizada por el diario Síntesis.

Antecedentes en Puebla.

Si bien Autotraffic cobró notoriedad en el año 2013 cuando obtuvo el contrato de operación para las foto multas en el estado de Puebla por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle, en medio de una total opacidad en torno a los detalles del contrato, al monto de las propias multas y las jugosas ganancias que la empresa recibe por cada infracción; existe un antecedente de sus primeros negocios con gobiernos poblanos desde el año 2006, durante la administración municipal del priista Enrique Doger en la capital.

De acuerdo con información oficial, la administración municipal dogerista anunció la compra de dos cinemómetros para el control de la velocidad en el tránsito citadino. Para tal fin, se erogaron 1.5 millones de pesos, sin embargo, nunca pudo entrar en operación, toda vez el cabildo nunca realizó las modificaciones legales para que pudiera funcionar.

En la administración municipal siguiente, presidida por Eduardo Rivera Pérez se reveló que el contrato fue 9 veces mayor a lo declarado en ese entonces.

Para el año 2013, nuevamente Autotraffic obtuvo un contrato en territorio poblano pero esta vez con el gobierno estatal de Rafael Moreno Valle, el cual erogó 135 millones de pesos para la compra de cámaras de foto multa.

De acuerdo con la información sesgada que ofreció el propio gobierno, la empresa obtiene 116 pesos por cada infracción generada, y la facturación mensual se obtendría de la ganancia unitaria de 116 por pesos, multiplicada por el número de infracciones aplicadas durante el mes.

Sn embargo, la negativa del gobierno poblano para transparentar los detalles del contrato a dos años y medio de su operación, ha permitido que se especule en torno al negocio en que ambas partes – gobierno  y empresa – resultan jugosamente beneficiados, toda vez que ha trascendido que la firma poblana se queda con el 70 por ciento de las ganancias y el 30 por ciento restante va a parar a las arcas del gobierno estatal.

En su página de internet, Autotraffic asegura que su principal compromiso es ofrecerle a sus clientes una solución integral en lo que a seguridad pública se refiere, “tomando el proyecto desde sus raíces hasta la puesta en marcha y operación, ofreciendo también un servicio de postventa de calidad que garantice el máximo aprovechamiento, el correcto uso de los equipos y la adecuada capacitación a los usuarios, a través de nuestro personal altamente capacitado”.

En el texto, la empresa poblana presume la obtención de varios premios nacionales e internacionales.

En el año 2010, AutoTraffic fue acreedor al BIZZ AWARD, el máximo galardón que entrega la “World Confederation of Businesses”, por su liderazgo empresarial, sistemas de gestión exitosos, calidad den productos y servicios de innovación y creatividad, además de responsabilidad social.

Actualmente, AutoTraffic reconoce que tiene más de 350 sistemas de reconocimiento automático de matrículas instalados en el País y la consolidación de sus servicios se hace presente en más de 38 agencias de policía de todo el país, cumpliendo los más altos estándares de calidad y servicio que exige la Secretaría de Seguridad Pública Federal, además que confirma que mantiene proyectos de control de velocidad en el Gobierno del Distrito Federal, Municipio de Pachuca de Soto, Gobierno del Estado de Jalisco, Gobierno del Estado de Puebla, el municipio de Aguascalientes y el municipio de Ocotlán.

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